En medio del debate por el rol del Estado y el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, el INTA volvió a quedar en el centro de la escena. Para Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina, existe una mirada reduccionista que no termina de dimensionar su impacto real en la producción.

“Se ve al INTA como un gran gasto, sin comprender cuál es su impacto en el desarrollo y la producción”, sostuvo la dirigente, al analizar la lógica con la que el Ejecutivo observa al organismo. En ese marco, remarcó que la investigación y la extensión deben leerse como inversión, aunque no tengan un retorno inmediato.

Uno de los puntos sensibles es la demora en completar el Consejo Directivo, ya que aún faltan designaciones clave que dependen del Poder Ejecutivo. Si bien el funcionamiento es más dialoguista, desde FAA insisten en que no se tomen decisiones sin consenso territorial.

Otro eje del conflicto gira en torno a las tierras del INTA. De las más de 100.000 hectáreas mencionadas inicialmente como “en desuso”, hoy el número se redujo a 11.000 hectáreas en observación, que todavía no fueron catalogadas como improductivas. Cada centro regional deberá ahora informar su uso concreto.

Sarnari también planteó la necesidad de reordenar las líneas de investigación, muchas de ellas superpuestas o desactualizadas. “Hay más de 130 programas y no todos están activos ni responden a las necesidades actuales”, explicó, y remarcó la importancia de adaptar el INTA a las nuevas tecnologías y a la realidad productiva.

Por último, defendió con énfasis el rol del organismo en la pequeña escala y las economías regionales, donde en muchos casos el INTA es el único respaldo técnico disponible. “Sin INTA, hay producciones que directamente quedarían a la deriva”, concluyó.