La fiscalía advirtió que se "impide de hecho perseguir y juzgar posibles crímenes contra la humanidad" y que en la causa "se encuentra comprometida la responsabilidad del Estado por un posible incumplimiento de sus obligaciones internacionales en la materia", según el escrito de 15 carillas entregado y sobre el cual deberá decidir la sala I del tribunal de apelaciones.

Gomez Barbella advirtió que "el expediente se podría transformar en instrumento de impunidad".

El fiscal fue en queja a la Cámara luego que el 20 de marzo pasado el juez de la causa, Julián Ercolini, rechazara por "improcedente" la apelación presentada contra su negativa a citar a declaración indagatoria a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Raymundo Podestá y Guillermo Gainza Paz.

Podestá era Secretario de Estado en 1976 y Gainza Paz está imputado como supuesto "intermediario".

Para la fiscalía, la causa tiene "indudablemente interés institucional suficiente" para justificar la intervención de la Cámara, aunque por regla general esa instancia de apelación no se abre por negativas a citaciones indagatorias en el marco de una causa penal.

En este caso, "la resolución impuganda resulta equiparabale a sentencia definitiva por sus efectos y por el gravamen que ocasiona". advirtió el fiscal.

"La cuestión debatida trasciende el marco natural del proceso y los intereses de las partes, afectando el adecuado desempeño de la función que, en ejercicio de su misión, le compete al Ministerio Púbico Fiscal", agregó en el escrito.
 

La fiscalía advirtió que se "impide de hecho perseguir y juzgar posibles crímenes contra la humanidad"

 
La causa penal se abrió en el 2010 por denuncia del juzgado nacional en lo Comercial 2, que extrajo testimonios y se acumuló a otro expediente abierto en La Plata por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El fiscal pidió llamar a indagatoria a los imputados por el delito de "extorsión" en el marco de un delito de lesa humanidad por persecución por motivos políticos y religiosos.

Ercolini rechazó el planteo porque en la causa hay medidas probatorias aún no concluidas como un peritaje contable para establecer si las acciones de Papel Prensa se traspasaron aun "precio vil" por parte de la familia Graiver a las empresas de los imputados.

La fiscalía sostuvo que "el estudio contable, dispuesto por el magistrado sin haber sido pedido por alguna de las partes, no es en absoluto dirimente para dar por configurada o no la hipótesis delictiva"

"La decisión de asignarle al resultado de dicha medida una condición que impide proseguir con la investigación, no resulta una derivación razonada del derecho y deviene, por tanto, arbitraria", concluyó la apelación fiscal.

El fiscal pidió las indagatorias por entender que está comprobado el desapoderamiento de los bienes del fallecido banquero David Graiver "bajo amenazas e intimidación" a sus herederos y socios en Papel Prensa y que los imputados "participaron de la transferencia extorsiva y usufructuaron la información de que las víctimas eran objeto de persecución política".

La queja fue presentada esta mañana y quedó radicada por "asignación directa" en la sala I del Tribunal de Apelaciones, ya que esa sala ya intervino en otras instancias de la causa.

Los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler deberán resolver ahora si abren el recurso, pero antes darán vista a la fiscalía ante esa instancia para que decida si lo mantiene o no.