"No creemos que el DNU sea una herramienta que bordee lo ilegal ni que sea un síntoma de autoritarismo", respondió el ministro coordinador al ser consultado por el diario La Nación sobre las críticas surgidas desde diferentes sectores políticos por la apelación del gobierno nacional durante su primer mes de administración a esa medida, que describió como "una herramienta constitucional más".

En ese sentido, Peña señaló a Clarín, a quien también le concedió una entrevista, que "no comparto esa idea de que estamos gobernando por decreto ni de que haya contradicción con el espíritu republicano" y, anticipó, que "todos los decretos van a ir al Congreso".

Sin embargo, el funcionario nacional descartó que el Ejecutivo vaya a promover la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso durante enero y febrero al precisar que "el 1° de marzo vamos a plantear una extensísima agenda parlamentaria" dado que "no consideramos que éste sea el momento para hacerlo (las sesiones extraordinarias), y es una decisión política, absolutamente legal y constitucional".

A la hora de definir trazar un balance sobre los primeros 30 días del gobierno de Cambiemos, el jefe de Gabinete evaluó que en el caso de la designación en comisión de los integrantes de la Corte Suprema, realizado mediante un decreto de necesidad y urgencia, "el tema del proceso de diálogo previo Corte por ahí podría haber ayudado a que se entienda mejor".

De todas maneras, ratificó que "no nos parece un error, la validamos " y anticipó la posibilidad "de trabajar en que se logre el consenso en el Senado antes de que ocurra la jura".

Peña también se refirió a los recientes anuncios de despidos y rescisiones de contratos en distintos organismo públicos y opinó que “el Estado tiene que tener ingreso por concursos” ya que “la consecuencia natural de nombramientos masivos sin un criterio de antecedentes entra en la categoría de contrato político y termina con la gestión que se va”.

“Hasta en términos prácticos: hay una cantidad de empleados que no entran (físicamente) en los edificios públicos” consideró y evaluó que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner “no hubo ningún criterio de mejorar el servicio público”.