La disputa por el control de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera) sumó un nuevo capítulo. El Poder Ejecutivo publicó el decreto 127/2026 en el Boletín Oficial y dispuso prorrogar por 180 días la intervención, facultando además al Ministerio de Salud a extender ese plazo si lo considera necesario.

La medida llega después de que la Sala N� 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal revocara la decisión de primera instancia que había devuelto el manejo de la obra social a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

Nuevo interventor y control mensual

A partir de ahora, el Ejecutivo designó como interventor a César Augusto Lococo, quien deberá presentar informes mensuales ante la Superintendencia de Servicios de Salud, con el detalle de la situación institucional, administrativa y prestacional de la entidad.

El objetivo declarado es avanzar en la normalización de Osprera y garantizar la continuidad de las prestaciones médicas para los trabajadores rurales, en un contexto de alta conflictividad institucional.

Una disputa que viene desde 2023

El conflicto se remonta a 2023, cuando la Justicia Federal intervino la obra social. En julio de 2024 volvió brevemente a manos de la UATRE, pero un mes más tarde el Gobierno la intervino por decreto, argumentando “gravísimos incumplimientos” y una deuda superior a $45.000 millones.

Desde entonces, la relación entre el gremio y el Ejecutivo se tensó al máximo. La UATRE denunció desmanejos durante la intervención y aseguró que hubo afiliados sin prestaciones, incluso mencionando un fallecimiento presuntamente vinculado a esa situación.

El 14 de enero pasado, un fallo restituyó el control al sindicato, pero esa resolución fue posteriormente revocada por la Cámara Federal, lo que dejó sin efecto el regreso de las autoridades gremiales.

Los fundamentos del decreto

En los considerandos, el Gobierno sostuvo que la Cámara entendió que no se había desvirtuado el “peligro en la demora” que motivó las medidas cautelares originales, vinculadas a una hipótesis de administración fraudulenta.

El fallo citado por el Ejecutivo remarca que una eventual mejora económica durante la intervención no invalida el fundamento penal que justificó la suspensión de autoridades.

Además, el decreto subraya que la cobertura médico-asistencial brindada por los Agentes del Seguro de Salud constituye un servicio esencial, ligado al derecho a la salud reconocido por la Constitución Nacional, por lo que corresponde asegurar su continuidad mediante medidas “proporcionadas y temporales”.

En ese marco, el Gobierno insistió en que Osprera presenta antecedentes de grave deterioro institucional, económico-financiero y prestacional, con altos niveles de litigiosidad y endeudamiento, lo que —según la Casa Rosada— exige una conducción inmediata y responsable.

Así, la novela judicial y política por el control de la obra social rural suma un nuevo capítulo y, al menos por los próximos seis meses, seguirá bajo intervención estatal.

Redacción | La Folk Argentina