Tras la media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires a un proyecto de ley que busca actualizar los intereses en los créditos laborales, la Mesa de Enlace bonaerense advirtió a los senadores provinciales sobre el impacto negativo de esta medida en el sector agropecuario.

En concreto, la iniciativa de la diputada de Unión Por La Patria, Maite Alvado, aumentará las indemnizaciones por despidos y las entidades que componen la Mesa de Enlace bonaerense enviaron una carta al Senado, en donde manifestaron su preocupación ante una posible sanción de esta ley.

“Reconocemos la importancia de proteger los derechos de los trabajadores, sin embargo consideramos necesario advertir sobre los efectos adversos que esta medida podría generar para la economía provincial, particularmente en sectores esenciales como el agropecuario”, señalaron a través de una carta firmada por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap); Federación Agraria Argentina; Sociedad Rural Argentina y Coninagro.

Los ruralistas alertaron que de aprobarse el proyecto de ley, el impacto sobre el costo operativo del sector. “Podría derivar en una disminución de las contrataciones, reducciones de personal e incluso el cierre de empresas”, afirmaron.

Al momento de argumentar su decisión, la Mesa de Enlace expresó que el proyecto de la diputada Alvado “se encuentra en contradicción con los principios de proporcionalidad y razonabilidad establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

LOS CRÉDITOS LABORALES, EN LA MIRA

Los ruralistas citaron el reciente fallo de la causa Lacuadra, en donde la Justicia subrayó que los intereses aplicados a los créditos laborales “deben ser equilibrados y que no se conviertan en sanciones desmedidas, que puedan comprometer la supervivencia de las empresas”.

En el documento, también remarcaron que las empresas serían particularmente vulnerables ante esta normativa.

Así, tanto la reducción de actividad como el cierre de empresas agrícolas y ganaderas “tendrían un impacto directo en el empleo rural y en las economías regionales que dependen de este sector, el cierre de empresas no solo afectaría a los productores sino a numerosas cadenas de valor asociadas a la producción agropecuaria”.

Ante este contexto, la Mesa de Enlace solicitó a los senadores bonaerenses “una revisión alineada con los principios establecidos por la Corte Suprema, que permitiría alcanzar un equilibrio adecuado entre los derechos de los trabajadores y la estabibilidad de las empresas”.